La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó la opacidad que imperó en las legislaturas 62 y 63 de la Cámara de Diputados, cuando los partidos representados ahí dispusieron de 5 mil 94 millones de pesos por concepto de subvenciones ordinarias, aparte de los salarios y prestaciones de ley de sus legisladores y trabajadores. Esos recursos no fueron comprobados por los grupos parlamentarios y algunos de ellos fueron beneficiarios de la “discrecionalidad” en la entrega por parte del Comité de Administración y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
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