En su discurso de toma de posesión, el primero de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo anunció que trabajaría por una reforma política “definitiva” que evitara conflictos poselectorales, garantizara el acceso equitativo de los partidos a los medios de información, estableciera topes a los gastos de campaña y asegurara el financiamiento de los institutos políticos por medio de dinero público con el propósito de impedir –se dijo entonces– campañas sufragadas con recursos de procedencia ilícita. Concretada en 1996, esa reforma sirvió para que en 2000 el régimen oligárquico pasara por un recambio de partido gobernante relativamente terso.
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