Al cierre del año pasado, el fideicomiso de la Secretaría de Gobernación (SG) del cual se obtiene el dinero para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, enfrentó una situación crítica, pues no tenía recursos suficientes para atender los casos ya registrados en ese momento y los nuevos que pudieran presentarse después, indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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