En la recomendación 41/2014 la CNDH señalaba que las “violaciones a los derechos a la educación, la seguridad jurídica y al principio del interés superior de la niñez (eran) atribuibles al gobernador de Oaxaca por no haber adoptado las medidas oportunas e idóneas para garantizar que los niños tuvieran acceso a los servicios educativos durante el paro magisterial de la sección 22 de la CNTE” (citada en la recomendación 7VG/2017: Págs. 26-27). Es decir, era responsable de no haber enfrentado al magisterio. Después, en Nochixtlán, Oax. (2016), según refirió la misma CNDH, las policías federal y estatal sí enfrentaron a maestros y pobladores y, durante más de tres horas, dispararon a discreción en las calles sin que hubiera, dijo la Comisión (Ibidem: 532), organizaciones armadas del lado de la CNTE. Saldo: entre heridos y muertos, 45 ( Ibidem: 274). Pero a nadie se atribuyó responsabilidad. Y cuando se mencionó al gobernador, CNS, PGR, Fiscalía y otros, fue para recomendarles que apoyaran a las víctimas, establezcieran mayor control e investigaran si había culpables. Nada más.
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