El jurídico de la Cámara de Diputados reportó a la Junta de Coordinación Política que la controversia constitucional, presentada por Laura Rojas (PAN) contra el acuerdo presidencial que permite a militares participar en tareas de seguridad pública hasta 2024, contiene un “vicio grave de ilegalidad” porque la presidenta de la Mesa Directiva contrató a abogados particulares que incluso han litigado contra la Cámara de Diputados.
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