En diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón decidió el pleno involucramiento de las fuerzas militares en la lucha contra el crimen organizado, cobró relevancia uno de los mayores retos en materia de seguridad para los últimos tres gobiernos federales, incluida la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador: el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad civiles y el paulatino retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública, junto con la urgencia de reducir los índices de violencia, sin violentar los derechos humanos.
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