El proyecto tren que llaman maya está en curso y el director de Fonatur despliega su estrategia para burlar el derecho de los pueblos indígenas. Como sabemos, hay organizaciones mayas y de derechos humanos que realizan acciones de resistencia jurídica y política, y denuncian el impacto del proyecto contra sus territorios, a través de los llamados polos de desarrollo que lo acompañan y cuyo énfasis se omite en la etapa en curso. También un conjunto de autoridades ejidales se han prestado a apoyar este proyecto en nombre de comunidades que no necesariamente están informadas de los compromisos asumidos por aquéllas. Ello fue evidente en el proceso de la llamada consulta realizada a finales del año pasado, donde sin una participación significativa y sin información previa y suficiente sobre el impacto positivo y aun el negativo del proyecto, se anunció que se obtuvo “el consentimiento”. La oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU dio cuenta de que en ese ejercicio no se cumplió con los estándares internacionales en torno al derecho de consulta. Con ese supuesto “aval” se siguió con las licitaciones y adjudicaciones y las empresas ganadoras participaron con el titular del Poder Ejecutivo, en el llamado banderazo al Tren Maya. El panorama es muy complejo para las comunidades y organizaciones opositoras. Enfrentan enormes desafíos, más aún con la pandemia, para movilizarse e informar a comunidades, pero también en el plano jurídico, pues pareciera que en el Poder Judicial se está configurando un patrón, pues lo que se dice en los juzgados de distrito, el colegiado cede en favor de Fonatur y restringe los impactos de las suspensiones inicialmente definidas en tres juicios de amparo. Sin embargo, ya lo están denunciando e incluso la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares; también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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