Las mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos policiacos en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, denunciaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se ha negado a dar la competencia del caso a la justicia federal, con lo que está obstaculizando el cumplimiento de la sentencia contra el Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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