Apenas comenzaron las campañas electorales y ya nos dejan algunas enseñanzas. El registro de candidatos, por ejemplo, nos enseña que los partidos políticos no son el instrumento para que el pueblo mexicano participe en la vida nacional y ejerza su soberanía, como dice la Constitución federal, sino franquicias puestas al servicio de quien pueda pagar para ser postulado a algún puesto de elección popular. Si desde hace varias décadas resultaba repulsivo mirar cómo los políticos desnaturalizaban la función publica usándola para enriquecerse en lugar de fungir como representantes populares; ahora hay que soportar que dentro de los candidatos existan personas señaladas de violadores, defraudadores y ladrones, sostenidos bajo el argumento de que no han sido procesadas penalmente, como si eso les devolviera el decoro tan necesario para ejercer el servicio público, o no hubiera otras personas honestas para ocupar esos cargos.
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