La apertura de las actividades que el gobierno federal consideró esenciales –como la minería– llevó a que, en las comunidades donde se realizan, trabajadores y habitantes se contagiaran de Covid-19 y enfrentaran dificultades para su atención por la imposibilidad de obtener servicios de salud, la ausencia de médicos y fármacos en las localidades, e incluso no pudieron recibir cuidados por enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, denunciaron organizaciones sociales.
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