Hace una década, el 10 de junio de 2011, se llevaba a cabo uno de los avances jurídicos más importantes para optimizar la garantía de los derechos humanos en México. La reforma constitucional en la materia generaba un clima de esperanza entre la sociedad civil, pues suponía una mejora en las condiciones de exigibilidad para los derechos fundamentales, además de detonar una serie de transformaciones que las instituciones públicas debían acatar para que esta reforma llegara hasta los planos más profundos de la institucionalidad, de manera que su impacto se reflejara en una plena accesibilidad a los derechos humanos.
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