Consultar a los pueblos indígenas y a las personas con discapacidad sobre cómo quieren ejercer su derecho a la educación y en qué condiciones “no sólo es una obligación del Estado, sino una condición imprescindible si queremos acabar con la discriminación y marginación que aún enfrentan en el sistema educativo”, afirmaron profesores de educación especial e indígena y organizaciones civiles de defensa de personas con discapacidad.
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