La venta al público de gas licuado de petróleo (gas LP), el de uso doméstico generalizado, ha estado históricamente definida y dominada por los intereses de las propias empresas productoras y distribuidoras, con una incesante desatención al público (con frecuencia, maltrato y prepotencia de los operadores de los vehículos de reparto o en las oficinas administrativas, en cuanto a quejas), prácticas fraudulentas por sistema y acuerdos de las cúpulas de ese negocio para imponer precios y condiciones de servicio.
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