Las leyes y los órganos electorales de México no dan para más. Unas y otros fueron diseñados para garantizar un gatopardismo sempiterno en el que hubiera espacio para cambios de símbolos, siglas y colores, pero no de modelo de país y mucho menos de paradigma económico y social: las alternancias entre PRI y PAN eran como las finales de futbol, que dan lugar a muchos titulares pero que fuera del estadio no cambian nada. Leyes, Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han sido pilares de una democracia simulada (los adjetivos son indispensables) que a su vez fue durante tres décadas el maquillaje de un régimen oligárquico, autoritario, corrupto y violento, en el cual se podía ignorar olímpicamente la voluntad popular (como en 1988 y 2006) o comprar la Presidencia con los sobornos de Odebrecht, las raterías de Javier Duarte y el músculo mediático (ya por entonces declinante) de Televisa.
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