La presión para que el Estado mexicano resuelva el asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola tendrá que venir del extranjero, pues ya se ha comprobado que las autoridades nacionales “no tienen palabra” y no van a detener a los 13 presuntos responsables que ya enfrentan órdenes de aprehensión ni protegerán a los dos testigos del crimen.
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