La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lograron que –en una decisión inédita– el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejara sin efecto la declaratoria de inconstitucionalidad (que había decretado días atrás) del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, y con ello ya no se obliga a que el Ministerio Público Federal deba solicitar autorización judicial para obtener información financiera de personas morales o físicas.
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