La tercera y más reciente versión de la propuesta de Ley General de Educación Superior (LGES) cancela o mitiga problemas de anteriores versiones. Por ejemplo, en la primera de éstas, el derecho a la educación era “el derecho… a la posibilidad de recibir educación”. En la segunda, de enero pasado, era mucho más directo, establecía “el derecho de toda persona…[a] el acceso a… educación superior” . Pero la versión de hace tres días no es clara: “El Estado determinará las medidas para garantizar… el derecho… al acceso a… educación superior” (artículo 3º). Así redactado, deja en la oscuridad y en manos de la SEP cuáles serán esas medidas, y los criterios para definirlas son muy generales (artículo 6º).
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