Bajo el argumento de que el recorte de 870 millones de pesos es el más grande en un año de elecciones y la omisión de la Cámara de Diputados de autorizar mil 500 millones para organizar la consulta popular sobre enjuiciar a ex presidentes, el Instituto Nacional Electoral no está en condiciones de generar ahorros para devolver recursos a la Tesorería de la Federación en este año. Aun cuando hay sensibilidad de la situación económica del país, existe un déficit presupuestal para hacer frente a las obligaciones, dijo el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
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