Homicidios de diputados, alcaldes y ex alcaldes, políticos, activistas y hasta de un juez, representan el costo y el riesgo permanentes de ejercer la política en aquellas entidades marcadas por la violencia, y de forma acusada en las que habrá cambio de poderes locales en junio. En adición, muy pocas corporaciones policiacas garantizan la seguridad a quienes hoy están en campaña. La organización Etellekt, en su informe de abril sobre violencia política, reportó 65 asesinatos y 262 agresiones a candidatos.
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