El Congreso de la Unión deberá efectuar en los próximos 18 meses una consulta entre comunidades indígenas y personas con discapacidad para incorporar sus propuestas en la Ley General de Educación (LGE), determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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