La “responsabilidad patrimonial del Estado” no puede reclamarse en contra de políticas públicas, sólo contra actos concretos que impliquen una actividad administrativa irregular, sostiene el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en un proyecto donde propone negar el amparo promovido por activistas, quienes buscaban obtener una indemnización por posibles violaciones a sus derechos humanos.
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