Organizaciones indígenas y campesinas, centros de derechos humanos, sindicatos, asociaciones medioambientalistas y colectivos de mujeres de diversos estados del país se adhirieron a las voces organizadas de la Península de Yucatán y de Chiapas que exigen al gobierno federal el “efectivo acceso a la justicia en los litigios que han emprendido en contra el denominado Tren Maya”.
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