A dos años del tentativo cerco y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del famoso jefe criminal apodado El Chapo, no se ha conocido ni se percibe intención institucional alguna de cumplir la orden de aprehensión ordenada por un juez, con fines de extradición a Estados Unidos, a la que sigue obligando esa entelequia conocida como estado de derecho: ni el Poder Ejecutivo federal ha recompuesto su estrategia para intentar la captura del presunto delincuente requerido por el país vecino ni el Poder Judicial federal ha hecho extrañamiento o exigencia del cumplimiento de su orden abatida por la vía de los hechos.
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