Lamentablemente el gobierno mexicano ha delegado a casas de migrantes de organizaciones eclesiales, y a otras coordinadas por la sociedad civil, la responsabilidad de atender la crisis migratoria que padece el país, y ha sido omiso en cumplir con el mandato de promover y defender los derechos humanos de todas las personas, establecido en el artículo primero de la Constitución, señaló la Iglesia católica.
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