Funcionarios estatales y municipales de Sonora, así como personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos de más de 680 menores por el tráfico de éstos documentado entre 2009 y 2015, adopciones ilegales, expedición de certificados de nacimiento con datos falsos y la agresión física y verbal contra un niño.
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