Las autoridades deben establecer una política integral que prevenga, investigue y sancione el delito de desaparición. En “un acto de congruencia” entre la política interior y la exterior del país, el Ejecutivo federal debe aceptar la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Nacio-nes Unidas.
de La Jornada: Política http://bit.ly/2Srunmf
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