La obligación de un funcionario público de no bloquear a ningún ciudadano de sus redes sociales se agota cuando deja dicha responsabilidad, ya sea porque culminó su periodo, fue despedido o suspendido de su cargo, señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el proyecto de sentencia de un amparo que se votará este lunes en su segunda sala.
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