En diversos países de América Latina y del mundo los gobiernos siguen recurriendo a la estrategia de criminalizar a los luchadores sociales al llamarlos “terroristas”, lo que ha justificado que muchos de ellos hayan sido detenidos y permanezcan durante años en la cárcel sin haber cometido realmente ningún delito, lo que los convierte en “presos políticos”.
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