Estamos entrando en la cuarta semana de aislamiento, dentro de lo que se conoce como la fase 2 de dispersión comunitaria del virus Covid-19; hasta la semana pasada, la mayoría de los centros de detención del país seguían funcionando como si existieran condiciones que los volvieran inmunes al virus. Las demandas de medidas de protección para la población en reclusión por parte de los organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de las personas detenidas han sido ignoradas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, entre otros, han planteado la urgencia de asegurar el derecho a la salud de esta población y de impulsar medidas de liberación anticipada que permitan descongestionar las prisiones.
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