La combinación de una burocracia educativa y universitaria insensible a la situación también de los adolescentes ha hecho que un movimiento de jóvenes haya acudido (01/07/20) a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para, con base en un detallado análisis, pedirle que recomiende la cancelación de los exámenes estandarizados de opción múltiple para el acceso al bachillerato y universidad. Ya vimos cómo esa insensibilidad en las pasadas semanas provocó que hasta cinco millones de niñas y niños y miles de jóvenes universitarios abandonaran la educación por los requisitos para muchos inalcanzables de los programas emergentes. Y todavía no acaba de terminar esa situación cuando ya tenemos enfrente el arranque de este otro poderoso mecanismo de segregación masiva, el de los exámenes de selección o asignación, que ni de lejos está pensado en “poner a los niños y jóvenes en el centro” como pomposa y contradictoriamente se proclama. A pesar de lo que afirma la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de que, gracias a sus votaciones ahora todo mundo tiene derecho a la educación, resulta que están teniendo más derecho a ser respetados los requisitos excluyentes que se utilizaban cuando no existía ni formalmente, ni menos en los hechos, el derecho a la educación en los niveles superiores.
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