El asedio a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas por parte de grupos caciquiles, empresas trasnacionales y crimen organizado elevó la violencia con la complacencia de los gobiernos neoliberales, que dieron la espalda a los postulados de la reforma de 1917. La traición se consumó cuando se dio preminencia a los derechos adquiridos por los inversionistas, pisoteando los derechos históricos de los pueblos indígenas. Las disputas por el agua, el bosque y las minas se dirime con las armas en la mano. Con la irrupción de grupos criminales, especializados en causar terror, la población indígena no tiene otra alternativa que resistir o dejar sus tierras. Las autoridades y líderes comunitarios que enfrentan los embates de los invasores son desaparecidos y asesinados.
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