Una red nacional de defensoras y defensores de la niñez nacida de la sociedad civil en cada alcaldía, en cada municipio, en cada comunidad, es lo menos que hemos de construir ante el incomprensible abandono del Estado hacia los que no tienen voto ni voz. Pues se sabe que ni el DIF ni Gobernación ni el Inegi poseen datos suficientes sobre problemas y carencias de los menores por región y grupos de edad. Construir un padrón y una cartografía cualitativa sería la primera tarea de los Ombudspeople en México.
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