María Esther Montero y Gregorio Cano fallecieron sin poder encontrar a su hijo Paolo, efectivo de la Secretaría de Marina (Semar) víctima de desaparición forzada en 2010, y dejaron inconcluso el litigio contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que desde 2018 se ha negado a cumplir con la reparación del daño, como lo estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 37/2018 tras acreditar diversas violaciones a garantías.
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