Cuando, en los primeros días de su gestión como Presidente, Peña Nieto hizo un compromiso para mejorar significativamente la educación mediante una reforma que terminaría con la corrupción imperante en el sector e introduciría un nuevo modelo educativo, generó entusiasmo, o cuando menos el beneficio de la duda. Estábamos equivocados, pues a dos años y medio, la supuesta reforma se ha consolidado sólo como retroceso histórico, que viola incluso la Constitución y como un negocio más de grandes dimensiones que utiliza la educación como pretexto, sin resolver nada.
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