Concebido originalmente desde 2015, la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha prolongado más allá de los tiempos legales y arrastra ahora carencia de nombramientos claves para su operación en el plano nacional, así como rezagos en su integración en el ámbito estatal. Con ello, el comité coordinador funciona sin una pieza elemental: el fiscal anticorrupción, encargado de investigar los delitos vinculados a ese flagelo.
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