Cuando faltaba poco para las seis de la tarde del 24 de enero, los tres magistrados que integran el Tribunal Federal Regional con sede en Porto Alegre no sólo confirmaron la condena al ex presidente Lula da Silva, sino aumentaron su pena de nueve años y medio a doce años y un mes de cárcel; redondeaban algo más que una farsa grotesca y abyecta: cerraban el golpe perfecto.
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