La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas así como la de Protección y Asistencia a las Víctimas ha sido reformada en dos ocasiones integralmente; pese a ello, no ha incorporado recomendaciones de expertos y organizaciones nacionales e internacionales especializadas, se advierte en un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
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