La nota principal de La Jornada del martes pasado fue que la iniciativa privada, concretamente la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), demandaban al gobierno frenar ya la inseguridad. Manifestaron inconformidad por la inacción oficial que ha dañado severamente a la economía y a la inversión. El presidente de la Coparmex propuso “seis medidas urgentes para combatir la violencia y el crimen: prevención del delito, diseñar una ‘arquitectura institucional’, mejorar el sistema penitenciario y la procuración de justicia, corregir errores de ‘tipología penal’ y profesionalizar a los policías”. Por el estilo fue la opinión del presidente del CCE, y su propuesta no fue muy diferente a lo que ha estado haciendo el gobierno: “que no se postergue más la profesionalización de las policías [que sigue siendo una tarea pendiente], que se multipliquen los elementos donde sea necesario y se coordinen acciones con las fuerzas armadas cuando las autoridades civiles sean rebasadas por la delincuencia”. Es decir, sobre todo en el CCE, más de lo mismo, con variantes o, si se prefiere, violencia contra violencia y no otra opción.
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