Por unanimidad, el Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la finalidad de evitar la desviación de recursos y otros actos de corrupción mediante la triangulación de contratos entre entidades públicas, como ocurrió en el sexenio anterior con el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y universidades públicas.
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