El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) modificó en los hechos el criterio que se estableció desde que el ministro Juan Silva Meza estaba al frente del Poder Judicial de la Federación (PJF), y ahora ya no es necesario que el Ministerio Público federal solicite con antelación la anuencia de la judicatura para ejercitar acción penal en contra de jueces y magistrados que hayan cometido presuntamente actos ilícitos.
de La Jornada: Política http://bit.ly/2EJcGXe
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