A fin de cuentas se aprobó en Tabasco la iniciativa del gobernador Adán Augusto López Hernández para endurecer las penas y ampliar el ámbito de aplicación respecto a protestas o acciones que a juicio de la autoridad pudieran significar formas de chantaje o extorsión mediante el bloqueo de vialidades o el entorpecimiento de la construcción de obras públicas o privadas. Sólo se negoció una modificación menor al articulado propuesto por el mandatario morenista, de tal manera que todo quedó listo para que la fuerza pública entre en acción contra quienes se opongan a obras como, por citar un ejemplo, la refinería de Dos Bocas.
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