De manera constante se habían impuesto los intereses de las grandes empresas a la hora de legislar en México sobre temas de verdadera protección al consumidor y de freno o castigo a prácticas comerciales dañinas para la salud colectiva. Mediante cabildeo entre diputados, senadores y altos funcionarios federales (y también entre versiones de entregas de dinero a esos detentadores de poder), más la desatención de medios de comunicación masiva irrigados con contratos publicitarios generosos, compañías especializadas en productos con alto contenido de sodio, grasas, azúcares y calorías habían logrado que la acción del Estado mexicano fuera insuficiente ante la crisis de salud que ha colocado a México en lo alto de la incidencia mundial de obesidad, diabetes y otras enfermedades derivadas del consumo de comida chatarra, bebidas gaseosas y azucaradas, entre otros productos tóxicos.
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