Pese a haber firmado hace un año el Acuerdo de Escazú –el cual busca garantizar el derecho de las personas a la información en temas ambientales, así como a participar en la discusión de los mismos y a buscar justicia si sufrieron algún agravio–, el Estado mexicano sigue sin ratificar dicho convenio, lo cual le hace perder la oportunidad de ponerse a la vanguardia en la materia y cumplir con sus obligaciones internacionales. Así lo advirtieron los participantes en el conversatorio Los derechos de acceso en el marco del Acuerdo de Escazú, quienes señalaron que dicha herramienta internacional es muy necesaria ante la falta de información completa sobre los megaproyectos del actual gobierno, como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía.
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