La complicidad de los partidos políticos que llevó a la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, específicamente, permitirían abrirle las puertas a las empresas privadas. Esta decisión de acabar con Petróleos Mexicanos (Pemex) fue voluntaria. No se trataba de mejorar la industria energética nacional, tampoco de desarrollar la economía del país. Y fue consciente y voluntaria porque los partidos cómplices recibieron dinero por cada voto a favor de la reforma energética priísta.
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