En la renovación del poder político local en buena parte del país, las elecciones del próximo 6 de julio involucran a casi la totalidad de los estados sometidos al flagelo de la violencia y la delincuencia organizada. A excepción de Guanajuato y Tamaulipas, el resto de los estados con altos índices de inseguridad cambiarán sus poderes, y finalizarán administraciones marcadas por el fracaso en materia de seguridad de la que son corresponsables de garantizar junto con el gobierno federal.
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