La negativa a presentar exámenes de control de confianza por parte de los policías municipales y la presión política desembocaron en la conclusión de la estrategia de vigilancia mixta pactada por los tres niveles de gobierno para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, uno de los principales centros turísticos del país y territorio en disputa de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva generación (CJNG), señalaron fuentes del gabinete seguridad.
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