El 21 de junio del año pasado hubo una matanza en la comunidad ikoots de San Mateo del Mar, en la región del istmo oaxaqueño, cuyo resultado fue de 15 personas asesinadas. La gravedad del suceso no fue suficiente para que la prensa se ocupara de ella, salvo La Jornada y algún otro medio, la mayoría dijo que se trató de un pleito intercomunitario, producto de la costumbre de sus habitantes de apartarse de la ley estatal y resolver sus asuntos utilizando sus sistemas normativos internos. En el ambiente quedó la idea de que con esa versión se trataba de esconder un gravísimo acto de gobierno, violatorio de los más elementales derechos humanos, con una actitud que resultaba discriminatoria, cargando la responsabilidad de él sobre un pueblo que hacía años se oponía al autoritarismo gubernamental.
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