Aún no toma posesión la gobernadora electa de Chihuahua cuando una de sus iniciativas enfrenta doble rechazo social: el pasado viernes 13, María Eugenia Campos Galván envió al Congreso su iniciativa de reingeniería de la administración pública estatal. La justificación manifiesta –sin hablar de las no manifiestas– es que urge ahorrar recursos. Ciertamente las precarias finanzas estatales lo exigen, pero la pretendida “reingeniería” puede ser un pretexto para meter tijera a dependencias que tienen que ver con procesos sociales que le pueden resultar por lo menos incómodos a la nueva administración, acreedora ya de los grupos conservadores.
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