A tres años del gobierno de López Obrador, si bien hay un esfuerzo importante por aclarar qué sucedió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aún “no se terminan de romper los pactos de silencio e impunidad como hubiésemos esperado”, afirmó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y añadió: falta voluntad para indagar a fondo a las autoridades más altas del sexenio pasado “que tomaron la decisión política de cerrar el caso con una versión que no tenía suficiente soporte en la evidencia científica”.
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