Pocas piezas legislativas han despertado un consenso tan unánime sobre sus defectos, como la recientemente promulgada Ley de Seguridad Interior (LSI). No es para menos. Se trata de una legislación que eleva a rango de ley una política pública de seguridad fallida que, al hacerlo, perpetúa un modelo ineficaz centrado en el protagonismo militar, en detrimento del necesario fortalecimiento de las policías civiles.
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